El debate fue un coro a voces. Dijeron y desdijeron. Hasta que, al final, se pusieron de acuerdo. Los concejales de Yerba Buena se reunieron el martes pasado para cambiar la ordenanza a través de la cual habían donado al Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad unas 4,5 hectáreas para la construcción de un barrio municipal.

Los ediles eliminaron los artículos tercero y cuarto de esa normativa, en los que se consignaba que las casas iban a estar destinadas únicamente a los afiliados, y se establecía que el sindicato debía realizar un registro de los posibles beneficiarios. El toledista Luciano Villegas explicó que el expediente había sido enviado por el intendente, Daniel Toledo, porque así lo requirió el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el organismo que debe intervenir en la conformación del vecindario.

“Es mejor que puedan acceder todos los empleados de la Municipalidad que no posean vivienda, y que reúnan las demás condiciones exigidas por el Ipvdu. Queremos que ese barrio salga rápido”, prosiguió Villegas.

Según el edil Marcelo Albaca -Partido de los Trabajadores- el barrio está destinado a trabajadores que, si bien cuentan con una boleta de sueldo, tienen dificultades para acceder a una vivienda. “En 2012, cuando aprobamos la donación de esos terrenos fiscales, pusimos una cláusula que establece que debe hacerse a través del Ipvdu, para que no haya acomodos”, explicó.

Lo curioso es que la mayoría de los concejales ignoraba ese día, mientras sesionaban, que hace cuatro meses, el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó la oferta presentada por la constructora GAMA, y declaró desierta la licitación pública que el Ipvdu le había adjudicado a esa empresa.

El organismo de control detectó, entre otras irregularidades, que se cambió el valor de la oferta; es decir, después de que GAMA ganara la licitación, el Ipvdu le permitió que modifique el precio. Llamativamente la sesión en la que se realizó esa modificación fue cuestionada por concejales opositores, puesto que fueron avisados con una hora de anticipación, dijeron.

“Ninguno de los dos temas que se trataron (la asunción del concejal Mauricio Marcoccia, quien se encontraba de licencia, y el cambio en la ordenanza) son graves. Entonces, no se entiende por qué el oficialismo nos convocó con urgencia”, expresó el macrista Pedro Albornoz Piossek, cuando fue consultado sobre su ausencia, puesto que fue el único edil que no estuvo en el recinto.

También al radical Mariano Campero le pareció sospechoso el llamado. “No entiendo porqué llaman a modificar esa ordenanza, de un día para el otro. El negocio con los loteos e inmuebles es moneda corriente en el alperovichismo”, dijo el opositor.

La novela del barrio empezó a a escribirse el 27 de noviembre de 2012. En esa ocasión, el Concejo autorizó a Toledo a transferir al sindicato las tierras en San José. De acuerdo a la ordenanza, se otorgó un plazo de tres años para el cumplimiento. De lo contrario, la transferencia queda sin efecto (la operatoria vence en noviembre de 2015).

El 16 de enero de 2014, el Ipvdu le adjudicó la licitación pública de la obra de 180 viviendas e infraestructura a GAMA, por un monto de $ 54,7 millones, a valores de mayo de 2013. En la composición del financiamiento, se dejó asentado que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (SSDUyV) aportaría poco más de $ 48,5 millones, y el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) pondría otros $ 6 millones.

Luego, el Ipvdu sometió ese expediente al primero de una serie de controles preventivos del Tribunal de Cuentas. Es entonces cuando comenzaron a saltar los engranajes de esta historia.

El 30 de enero, el TC emitió el primero de cinco documentos y le solicitó al Ipvdu que agregue documentación y algunas especificaciones técnicas, puesto que había observado sobreprecios.

Pero el Instituto, en vez de responder lo solicitado, rectificó el monto de la adjudicación, dejándolo en $ 52,8 millones (unos $ 2 millones menos), también a valores de mayo de 2013. Eso ocurrió el 21 de marzo.

Ante ello, entre abril y mayo, el TC difundió cuatro acordadas más a través de las cuales sus peritos manifestaron, entre otras cosas, que el Ipvdu debía haberse circunscribido a su pedido de aclaraciones, en vez de haber habilitado a GAMA para que corrigiera la oferta anterior y presentara un nuevo presupuesto, inferior al anterior.

Por ello, el 27 de mayo, el TC declaró fracasada la licitación. Además, en los textos se describieron otras anomalías, como precios unitarios incorrectos, omisión de cargas sociales, un elevado porcentaje de gasto en el ítem gas, un mal uso de la escala métrica y errores en los cómputos, que podrían haberle causado “perjuicio económico al Estado”. Incluso, el TC tuvo que “recordar” que las tierras habían sido donadas, por lo que no podían formar parte del presupuesto de la obra.

En las últimas semanas, el Ipvdu retomó los trámites para la construcción del barrio. De hecho, logró resolver los nuevos cuestionamientos efectuados por el TC -entre ellos, otros presuntos sobreprecios-, y se confeccionó un pliego para la obra, que tendrá 126 casas (54 menos que el plan original) y costará $ 58,7 millones ($ 4,5 millones más que cuando se hizo el proyecto).